PDI ATACAMA Y FISCALÍA DESTACAN INCAUTACIÓN DE NUEVE ARMAS DE FUEGO.

Un trabajo coordinado entre la PDI Atacama y la Fiscalía Regional permitió la incautación de nueve armas por parte de detectives de la Brigada Investigadora de Robos Copiapó (Biro).

Las armas se encontraban inscritas por personas ya fallecidas, por lo que pasan a estar en una situación irregular según lo establecido en la Ley N° 17.798 de Control de Armas y Explosivos.

De esta forma, los investigadores policiales realizaron una serie de procedimientos logrando incautar un total de nueve armas, correspondientes a tres pistolas, tres escopetas, y dos revólver, avaluadas en su totalidad en cerca de cuatro millones de pesos. El objetivo es evitar que estas armas puedan transformarse en un peligro para la sociedad, a través de su comercialización o mal uso.

La inspectora Patricia Yáñez, de la Brigada Investigadora de Robos Copiapó, señaló que “estamos trabajando junto con la Fiscalía Regional y su Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, en base a delitos contra la propiedad, lo que significa un trabajo en base a una estadística de ciudadanos copiapinos ya fallecidos, y que poseían armas de fuego, las que actualmente no se encuentran inscritas de manera legal, después del deceso del propietario. A la fecha hemos podido recuperar nueve armas, todas operativas. La recepción de la gente ha sido buena, se ignora mucho el proceso legal de las armas, y por lo mismo se entregan de manera voluntaria”.

En relación a estas armas el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Renán Gallardo, indicó que las armas han sido detectadas por la PDI en virtud de la necesidad de encontrar aquel armamento cuyos dueños han fallecido y no han sido reinscritas. Lo que involucra que aquellas personas que las mantengan en su poder, lo hacen de manera irregular pudiendo configurarse un delito, mientras que las armas pueden caer en manos de personas que las utilicen para cometer delitos graves.

“La Fiscalía solicita a la comunidad que aquellas armas sean entregadas a la autoridad respectiva, existiendo en la actualidad políticas públicas que promueven esta acción. Dada su peligrosidad y los riesgos que éstas involucran”, indicó.